18Dic/17

El Constitucional anula la jornada de 35 horas para los funcionarios andaluces

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. El Pleno considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa Comunidad Autónoma, el Decreto-ley recurrido vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto particular del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
El Tribunal resuelve, en primer lugar, si el establecimiento de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales para los funcionarios de la Comunidad Autonómica de Andalucía vulnera, como sostiene el recurrente, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

La citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, explica la sentencia, fue aprobada por el Gobierno en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral (art. 149.1.6 CE) y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las Administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 149.1.18 CE). La norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, “no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”.
En consecuencia, el establecimiento por la ley recurrida de una jornada de treinta y cinco horas semanales de promedio al año “resulta incompatible” con la ley estatal, que la fija en un mínimo de treinta y siete horas y media semanales.

Lo mismo ocurre con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el Decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de educación infantil y primaria. En este caso, la regulación autonómica también es considerada por el Pleno incompatible con la estatal, pues, según ésta (art. 3 del Real Decreto-ley 4/2012), “la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas”.

Como consecuencia de todo ello, la sentencia declara que ley recurrida invade la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención de títulos académicos (art. 149.1.18 y 30 CE).

Finalmente, el Tribunal explica que, una vez declarada la inconstitucionalidad del decreto recurrido por razones competenciales, no es necesario pronunciarse sobre la eventual vulneración, también denunciada por el recurrente, del art. 86 de la Constitución y del art. 110 del Estatuto de Autonomía andaluz, que establecen los límites de la aprobación de normas por decreto ley.

En su voto particular, el Magistrado Valdés Dal-Ré se remite a los argumentos con los que expresó su discrepancia respecto de las STC 99/2016 y 158/2016. Entonces consideró que el Tribunal debía haber declarado inconstitucionales la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, que el Tribunal entiende vulnerados por la norma foral recurrida. Estos preceptos establecen, respectivamente, la duración semanal de la jornada laboral de los funcionarios de las Administraciones públicas en 37 horas y media y, en 18, la del personal docente de las escuelas públicas y concertadas.

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05Abr/17

Irpf. hoy comienza la campaña de la declaración de la renta 2016

Este miércoles comienza la campaña de Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 2016, caracterizada por la generalización del programa ‘Renta Web’ como único servicio de confección y presentación de la declaración, para todo tipo de rentas, incluidas las de actividades económicas.

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De esta manera, la campaña de 2016, que se extenderá hasta finales de junio, es la primera en la que ya no se empleará el ‘Programa PADRE’ desde que éste se creara.

La Agencia Tributaria recuerda que ‘Renta Web’ puede utilizarse con cualquier tipo de dispositivo y desde cualquier lugar con conexión a Internet, lo que permite iniciar la declaración en un dispositivo y finalizarla en otro diferente, ya que la información se almacena en el servidor de la institución.

Además, el organismo que dirige Santiago Menéndez señala que con motivo de la generalización del ‘Renta Web’ se ha adelantado la publicación en Internet del ‘Portal de campaña de Renta 2016’ con todos los contenidos informativos disponibles, así como el servicio de obtención del número de referencia.

En la misma línea, se adelanta también la publicación del ‘Portal de Patrimonio 2016’. En ambos casos, los portales están disponibles desde el 23 de marzo.

En la campaña de la Renta de 2015 se presentaron un total de 19.551.000 de declaraciones, un 0,69% más que en la anterior.

De la cifra total de declaraciones, más de 15.917.000 se presentaron por Internet, una vía que utilizaron 1.232.000 contribuyentes más que en la campaña anterior y casi un 48% más que en la campaña de IRPF 2011, cuando se comenzaron a reforzar las medidas para potenciar la vía telemática como fórmula principal de presentación.

Más de 9.743.000 declaraciones se presentaron vía ‘Renta Web’, lo que representó un incremento de más del 15% con respecto a las presentaciones de borradores que la Agencia Tributaria había registrado en la campaña anterior.

Frente a ello, las presentaciones con el ‘Programa PADRE’ y servicios de ayuda equivalentes descendieron casi un 11%, debido a la reducción del colectivo de contribuyentes que en esa campaña seguían obligados a presentar su declaración con el tradicional programa de ayuda.

Fuente: El economista

Sánchez Jurado Abogados

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02Ene/17

La sentencia del Contencioso-Administrativo número 10 declara nula las sanciones que no informan de las vías para recurrir

Un juez cuestiona el procedimiento que utiliza el Ayuntamiento de Sevilla para las multas de tráfico
SILVIA TUBIO @latubio Sevilla – Actualizado: Guardado en: Sevilla

Una sentencia que acaba de declarar nula una multa de 200 euros por aparcar en doble fila en Sevilla abre la puerta a que otros conductores puedan recurrir y librarse de la engorrosa sanción. La decisión del magistrado del Contencioso-Administrativo número 10 no crea jurisprudencia pero en su batería de argumentos ataca al procedimiento sancionador del Ayuntamiento de Sevilla, que recibe unas cuantas críticas por la celeridad que muestra a la hora de resolver estos expedientes. Algo que el magistrado considera que es fruto de su «voracidad recaudatoria».

Esta pequeña victoria legal la ha obtenido el letrado Ignacio Fernández en representación de un conductor que en 2013 fue multado por estacionar en la avenida Carlos III en doble fila. La sanción se basa en la fotografía que tomó el coche «ponemultas». En la vía administrativa recurrió la sanción por silencio administrativo del Ayuntamiento. El letrado del Consistorio argumentó en el juicio que había presentado las alegaciones fuera de plazo.

Al no prosperar esa vía, el pleito se trasladó a los juzgados de lo Contencioso, que recibieron la demanda del conductor en 2014, pero debido a la saturación judicial, la vista oral no se ha podido celebrar hasta este mes de diciembre. En la sentencia, comunicada hace unos días, el magistrado declara nula la sanción porque en la notificación de la denuncia no se le comunicó al conductor cómo podía recurrir y eso pudo provocar indefensión en el ciudadano. «Se ha de ser muy riguroso con la exigencia de que la Administración facilite toda la información. Si algunos de los datos exigidos no consta, o la indicación sobre recursos es errónea o genérica, la notificación será defectuosa».

Defecto en la notificación

El letrado Ignacio Fernández señala que ese defecto en la notificación es común «en todos los modelos o impresos que utiliza el Ayuntamiento de Sevilla para sancionar». Por tanto, esta sentencia podría esgrimirse en futuras demandas para anular las sanciones.

Además de la falta de información sobre las vías de recurso que tiene a su disposición el ciudadano, el juez también cuestiona la capacidad sancionadora de la Policía. Advierte que el procedimiento sólo puede resolverse por una autoridad competente; es decir el alcalde o alguien en quien delegue esa responsabilidad.

En la sentencia se explica que el agente formula la denuncia pero una autoridad superior debe ratificar y resolver para que ésta sea efectiva. El mero boletín que firma el policía es insuficiente para dar por concluido el trámite y que el Ayuntamiento reclame el dinero al conductor cuando éste recurre. La ley establece que es suficiente en caso de que el conductor no presente alegaciones; algo habitual porque si abona la sanción antes del primer mes se acoge a una rebaja.

El magistrado concluye con un profundo reproche a la forma de actuar que tiene la Administración local saltándose pasos en aras de una supuesta agilidad en los procedimientos. «Por mucho que se pretendan tramitar sumariamente las sanciones de tráfico, la precipitación en generar y obtener rápidamente pingües beneficios no puede hacerse a costa de violentar normas básicas del procedimiento y laminar los derechos de los administrados».

 

En la sentencia se explica que el agente formula la denuncia pero una autoridad

Fuente: ABC

Sánchez & Jurado Abogados Asesores

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27Dic/16

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